Capital intangible

En la reflexión que el Banco Mundial hace sobre las instituciones como clave de la riqueza de las naciones (“¿Dónde está la riqueza de las naciones? Una medición del capital del siglo XXI) ha intentado cuantificar el valor económico de éstas: el capital intangible (“La economía no miente” de Guy Sorman). En esta reflexión se destaca que el Estado de Derecho representa el 57% del capital de un país, la Educación el 36% y la Riqueza Natural entre el 1 y el 3%. Según dicho estudio Suiza tiene un índice de 99,5, Estados Unidos un 91,8, Nigeria un 5,8 a pesar de su riqueza petrolífera y el Congo un índice negativo porque sus instituciones colaboran en la destrucción de la riqueza nacional. El profesor Guy Sorman recuerda que “esta noción resuelve algunos enigmas clásicos de la ciencia económica, como el declive de Argentina….”, una nación que llegó a ser la quinta potencia económica mundial y lleva estancada 25 años. Lo mismo que ocurre en la España actual, tan ensalzada por su gran descentralización, en la que se pueden observar la degradación de estas variables.

Por un lado, las instituciones políticas del Estado español actual han ido perdiendo importancia en beneficio de las Comunidades Autónomas, convertidas en Estados dentro del Estado. Las instituciones estatales han dejado de ser consideradas como único referente en las transacciones comerciales internacionales, pues los actores transnacionales (sobre todo las empresas), muchas veces, no saben qué Administración tiene la competencia para garantizar el cumplimiento de los contratos o resolver posibles conflictos. Y los actores nacionales están desorientados al ver que el Estado ha perdido la categoría de gendarme que vigila la honradez y la igualdad de trato en las transacciones internas en un territorio parcelado que ha ido rompiendo la unidad de mercado nacional.

Por otro lado, el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) sitúa a España en el lugar 33 en el ranking de los países más competitivos, bajando cuatro lugares desde el año pasado, y en el lugar 122 de 133 países estudiados en el de la flexibilidad laboral, al mismo nivel que Zimbabue. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su Informe “Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE 2009” refleja que casi la mitad de los españoles (49%) de entre 25 y 64 años ha abandonado los estudios al acabar la enseñanza obligatoria. En comparación con otros países, sólo México (67%) y Portugal (73%) tiene peores datos que España. Esta organización también nos advierte que la generación “Neet” (Not employment, education or training) o “Ni-Ni” (Ni estudian, Ni trabajan) representa un 14% de los jóvenes entre 16 y 24 años. Y para adornar este ramillete de flores solamente tenemos que leernos la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año y ver el porcentaje de de jóvenes activos que están desempleados (38,6%).

Una nación con este nivel de capital intangible es el vivo reflejo de la decadencia de la clase política que la gobierna y de la falta de líderes salidos de la sociedad civil y conocedores de los problemas sociales y sus soluciones.

Comentarios efectuados al publicado:
1.- Axturcón
Demoledor y triste artículo para un español, don Lorenzo. Y la muestra palpable del fracaso del Estado oligarca autonómico. La comparación no ha sido con la centralista Francia, sino con los federales EE.UU. y la Confederación Helvética. Un país puede organizarse como quiera, pero si falta la democracia, el fracaso está cantado. Como bien recuerda don Antonio García-Trevijano, la URSS estalinista y la España franquista eran Estados de Derecho, que no democracias. ¿Por qué Suiza y EE.UU. como ejemplos? Porque, sencillamente, son democracias.
Son curiosos los prejuicios hacia el sistema educativo de Estados Unidos, porque nos vuelven a dar una repaso… Cuando los cantonalistas cartageneros pensaron ser un Estado de la Unión, no andaban muy desencaminados (perdón por esta boutade). Gracias por el artículo nuevamente, don Lorenzo.
2.-Lorenzo_Alonso
Muchas gracias, Axturcon.
La expresión “Estado de derecho” la utiliza el profesor Guy Sorman como conjunto de reglas que dan estabilidad a las relaciones económicas de los países desarrollados en los que se puede comerciar e invertir sin miedo a ser expoliado o sin saber a qué atenerse. Ejemplos: estabilidad de las instituciones de Suecia o las de Somalia.
EE.UU. es un Estado Federal consolidado desde hace siglos y España no. Somos una nación mediana y se encima nos dividimos y encarecemos los servicios públicos prestados ¿Dónde vamos? Los agentes económicos evalúan costes y ven, por ejemplo, que Polonia es más estable que España.
El sistema educativo estadounidense (sobre todo el universitario)es el que lidera el mercado de las ideas en el mundo actual (Centros de investigación y Universidades que reclutan a lo mejor del mundo), el mercado de patentes registradas y el número de premios Nobel, por poner algún ejemplo.

3.- David
Querido Lorenzo Alonso,
No te parece que después del colapso financiero mundial provocado por la separación entre mercado y Estado llevado a cabo por la Reserva Federal americana, es un poco artificial situar a los EEUU tan arriba como si tuvieran reglas claras para el buen funcionamiento del mercado?
 

4.-Axturcón
Muchas gracias a ti, Lorenzo:
Del contenido del artículo se desprende la intención de Guy Sorman; lo único que pretendía resaltar eran los ejemplos de EE.UU y de Suiza, por sus aparentes semejanzas con España: Estados no centralistas (no creo de interés averiguar, para este artículo, si somos o no federales, confederales, autonomistas, descentralizados política y/o administrativamente, etc.). Los problemas del sistema autonómico español están ahí: mala configuración geográfica. CC. AA. creadas de la nada, sin base histórica alguna, fruto del miedo o del desprecio de provincias limítrofes, sistema de distribución de recursos ineficiente, consolidación de mini oligarquías: en Asturias, a los Consejeros los denominamos “ministrinos”.
Las fuerzas centrípetas no contrarrestan a las centrífugas, pues el pastel es demasiado goloso; sobre manera cuando es uno el chef y 17 son a la vez pinches y gastrónomos. Sólo basta recordar la famosa cláusula Camps -modelo de patriota español del PP- del Estatuto de Autonomía de la Comunidad/país valenciana /valençiá.

5.-PedroMG
Estupendo artículo Lorenzo.
La seguridad jurídica es condición indispensable para el funcionamiento del mercado, y la existencia de instituciones políticas sólidas, el medio de asegurar la competencia en igualdad de condiciones.
David, creo que al hablar de separación entre mercado y estado te referirás a que lo que hizo la reserva federal fue una indeseada separación entre moneda y mercado por acción estatal y voluntarismo político, ya que si a lo que te refieres es a un ideal de concentración del estado y el mercado en una sola mano, nos precipitaríamos irremisiblemente hacia el totalitarismo.
Abrazos

6.- Antonio García-Trevijano
Enhorabuena por tu excelente y veraz artículo

7.-lajos
Este tipo de argumentación con base empírica, mejor que la directamente ideológica que conoce la conclusión antes de comenzar, es muy adecuada para descomponer el armazón de creencias fatuas dominantes. Me resulta un poco sorprendente esta aproximación metodológica por parte del Banco Mundial. ¿o sólo es un prejuicio por parte mía?

8.- David
Querido Pedro,
Lo que hizo la Reserva Federal libertaria fue dotar de inmunidad, de emancipación legal, al sistema financiero para que creciera en la opacidad, incluso permitiendo el fraude, porque el mercado mismo se encargaría de llevarlo al equilibrio mediante la ley de la oferta y la demanda. Me refiero a que en contra de Mises, la seguridad jurídica era superada por la ley del mercado, según Alan Greenspan, quien por cierto, declaro ante el congreso de los EE.UU que su ideología estaba equivocada, en un acto de arrepentimiento ante el miedo a ser declarado responsable por el colapso financiero. la intervención monetaria de la Reserva Federal ha sido solo un pequeño ingrediente en la salsa libertaria de la emancipación del mercado.

9.-PedroMG
Claro David, sin ley de la Libertad, que decía Hayek, no hay mercado sino patente de corso para el latrocinio, que el lugar de remediarse con la aplicación de la ley común se ampara en la impunidad y el privilegio estatal.
Un abrazo.

10.- Lorenzo _ Alonso
David: la intención del artículo era mostrar que nuestros dirigentes están en “lo suyo”, dar una pincelada sobre la economía del conocimiento y haceros ver que estamos siendo observados por los inversores que evalúan el sobrecoste de nuestro actual país y su nivel de preparación (Opel, Renault, etc.).
Tú, que eres un hombre de ciencia, comprenderás que cualquier estudio que utiliza estadísticas es “falsable”: el PIB de cada país elaborado por FMI, el índice de desarrollo elaborado por la ONU, la tasa de paro del Eurostat, etc. ¿Si EE.UU. es puesto en entredicho, qué habría que hacer con decenas de naciones autoritarias, de Estados “fallidos”, de señores feudales o de la guerra?
Pedro M. González: tu frase “La seguridad jurídica es condición indispensable para el funcionamiento del mercado, y la existencia de instituciones políticas sólidas, el medio de asegurar la competencia en igualdad de condiciones…” lo dice todo.
Lajos: este tipo de razonamiento no es exclusivo de esa institución, es el método “falsable” de la economía política, susceptible de prueba en contrario. Las ideologías y las religiones son irrefutables porque no admiten críticas.

11.- Víctor
Magnífico y esclarecedor artículo. Enhorabuena. ¿Ya no escribe D. Antonio en el Diario?

12.- David
Querido Lorenzo Alonso,
Pienso que si EE.UU. esta ahí arriba no es tanto por las reglas claras en sus mercados, sobre todo financieros, sino porque las reglas concernientes a la intromisión estatal están muy claras, el capital esta muy protegido frente a los abusos estatales y se siente libre. Pero sobretodo, como dice axturcon, es un país cuya clase política puede extraer la verdad de los problemas económicos debido a que es representativa de la sociedad civil y tan pronto puede llamar a Greenspan a declarar en el congreso, como puede reclamar las listas de evasores de impuestos al UBS, aun en contra del secreto bancario suizo y el gran capital. Se puede considerar una intromisión estatal en los mercados globales financieros cuando lo que se persigue es un delito sin afán de derogar el secreto bancario?

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(ver nº 125 del Diario español República Constitucional, http://www.diariorc.com)

Escenarios 2010

Escenario económico. Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 (PGE-10) es un documento que cuantifica los instrumentos de política económica que el Parlamento pone en manos del Gobierno para que intervenga en el sistema económico. Para su elaboración tienen en cuenta el entorno económico nacional e internacional (la evolución del PIB y del consumo, de los precios y de los tipos de interés, de la balanza de pagos y del paro, de la Deuda Pública y de los sectores productivos) en el que actuarán los agentes económicos, públicos y privados. ¿A quién haremos caso, a su “cuadro macroeconómico” o a los pronósticos realizados por otras instituciones? Todo es ciencia ficción y la reciente historia nos demuestra que sus proyecciones solo son ungüento de serpiente.

Escenario institucional. El actual Estado, como se ha dicho muchas veces, ya no tiene el mismo poder de influencia en la sociedad española que hace unos cuantos años, ya que ha cedido competencias muy importantes a la Unión Europea y, año tras año, a las Comunidades Autónomas. En 2010 el conjunto del Estado pretende gastar 386.361 M€ (el 38% del PIB previsto) a través de

• la Administración General del Estado (53% del pastel),
• sus Organismos Autónomos (15%),
• la Seguridad Social (31%) y
• otros Entes y Agencias Estatales (1%).

Para hacer frente a estos gastos sueñan con ingresar 274.424 M€ (en cuotas sociales y tributos), así que tendrán que pedir prestado la escalofriante cifra de 111.937 M€ (el 11% del PIB), de los que 36.704 M€ serán destinados a amortizar deudas anteriores.

En este escenario, la incidencia directa de la Administración General del Estado (236.404 M€) en la economía es pequeña, pues el 80% de su Presupuesto lo dedica a financiar compromisos adquiridos y a ejercer de agencia de recaudación de impuestos y de endeudamiento para que los demás gasten y dilapiden:

1. intereses y amortización de deudas (25%);
2. transferencias a las Comunidades Autónomas, a las Entidades Locales y a la Unión Europea (33%);
3. cofinanciación de la Seguridad Social, Organismos y Entes Estatales y diversas aportaciones patrimoniales y financieras (22%).

Nuestro Estado no es más que un gigante con pies de barro, son las Comunidades Autónomas y las Entidades locales quienes verdaderamente gastan.

Escenario parlamentario. En las enmiendas a la totalidad del proyecto, el grupo que sustenta al Gobierno, al no poseer la mayoría absoluta, se ha visto obligado a pactar con grupos que han aprovechado esta debilidad para sacar otra tajada de lo poco que resta del Estado: el Partido Nacionalista Vasco (pide dar rango de ley a ciertos reglamentos provinciales y evitar su impugnación en los Tribunales ordinarios, conocido como blindaje del concierto económico) y Coalición Canaria (reclama las inversiones insulares prometidas por el jefe del Gobierno). Se pactan los votos antes de emitirlos, convirtiendo al pleno del Congreso de los Diputados en un puro teatro que sirve para escenificar el consenso y sobre todo para que los ciudadanos crean que este régimen político es una democracia.

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(ver nº 123 del Diario español República Constitucional en www.diariorc.com)

Corresponsabilidad fiscal

Actualmente el Congreso de los Diputados está tramitando la modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el proyecto de ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía como colofón al acuerdo de financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio. Dos piezas más del gran puzzle montado con la nación española para dar satisfacción a los oligarcas locales, ansiosos de participar en el pastel fiscal del Estado, con la escusa de acercar la Administración a los ciudadanos. Muchos predicadores de la descentralización vocean desde sus púlpitos las bondades de esta cercanía, pero callan el exceso de burocracias creadas que han encarecido la prestación de los servicios públicos, que antes ofrecía el Estado.

Algunos de los principios más propalados de este modelo han sido el aumento de la autonomía financiera y la consiguiente corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. Desde el comienzo de esta locura descentralizadora, el Estado les fue cediendo el 100% de la gestión recaudatoria de varios impuestos (Patrimonio; Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y tasas sobre servicios transferidos), creó otros nuevos tributos (determinados medios de transporte, electricidad, venta minorista de algunos hidrocarburos y tasas sobre el juego) hasta llegar a la actual cesión 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. A pesar de tener facultad para modificar los tipos impositivos, la realidad es que su recaudación sirve para calcular el Fondo de Garantía de Servicios Mínimos Fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), pues si una región no tiene suficiente con estas cesiones, el Estado pone el resto, soportando el desprestigio de exigir tributos a los ciudadanos, mientras que ellas rentabilizan su utilización.

Este modelo no es más que un producto de ingeniería estadística para respaldar ese acuerdo, bajo un marchamo de “criterios técnicos”, en el que derrochan imaginación, rayana al creacionismo, con una multitud de variables y ponderaciones para participar en dicho Fondo (población total, mayor de 65 años, en edad escolar, protegida, su dispersión o insularidad). A dicho galimatías, añaden un Fondo de Suficiencia Global para financiar las demás competencias transferidas, dos Fondos de Convergencia autonómica (uno de Competitividad para reducir las diferencias de financiación “per cápita” y de paso penalizar a aquellas regiones que bajen sus impuestos, y otro de Cooperación para compensar a aquellas regiones con menor riqueza relativa o una dinámica poblacional negativa) y un conjunto de recursos adicionales (los famosos 11.000 millones de euros) repartidos de forma discrecional.

En definitiva, este modelo no garantiza recursos financieros para tantos gastos, ni crea figuras tributarias regionales que los ciudadanos distingan nítidamente, ni define de forma clara el servicio público fundamental, sus costes directos e indirectos comparados con otras formas de gestión.

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Ver una versión en el nº 121 del Diario español República Constitucional en www.diariorc.com

El blindaje vasco

El partido político que mantiene al Gobierno actual ha tenido la necesidad de apoyos para evitar la devolución de los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Uno de ellos ha sido el proporcionado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Este apoyo ha sido considerado como  una demostración del “sentido de Estado” de este grupo (Vicepresidenta primera del Gobierno) y como un síntoma de la esquizofrenia política que padece esta formación política (varios comentaristas), ya que en el País Vasco es la oposición a un Gobierno socialista apoyado por los populares y aquí, en el plano nacional, apoya a los socialistas para que saquen adelante sus presupuestos.

Pero la esencia política de tal apoyo está en otro lado. El PNV pide dar rango de ley a las normas forales (simples reglamentos locales) dictadas por las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para desarrollar el concierto económico del Estado con el País Vasco (regulación de cada uno de los tributos estatales, de las haciendas locales, etc.) al igual que hace la Comunidad Foral de Navarra. En la actualidad estas normas provinciales, de rango inferior a las leyes, pueden ser impugnadas por cualquier grupo social que se sienta perjudicado por ellas ante los Tribunales ordinarios. De conseguir dicho propósito, lograrían eliminar los recursos normales ante dichos tribunales, haciendo que solamente se pudiesen recurrir ante el Tribunal Constitucional y así blindar el concierto económico.

Con todo ello el PNV consigue un protagonismo político de primer orden, del que carecía desde su reciente derrota electoral: hace suyo lo que ya habían debatido en el Parlamento vasco los dos grupos hegemónicos (socialistas y populares), anima a su gente a confiar en ellos como genuinos garantes de las esencias de las “leyes viejas” y proporciona a las Diputaciones Forales unos ingresos adicionales inmensos (la subida del IVA, la eliminación de las exenciones del IRPF, etc.) sin tener que subir los tipos (este trabajo lo hará el Estado, ellas realizarán los ingresos).

Además garantiza un inmenso poder político para las Diputaciones Forales (el PNV gobierna actualmente en las tres) y coloca una carga de profundidad al actual Gobierno Vasco dando carta de naturaleza a unas Instituciones que aprobarán normas con la misma categoría legal que la misma Comunidad Autónoma. Otro peldaño hacia el abismo cantonalista que unos pocos avispados nos obligan a bajar para pactar con el diablo.

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Editorial del Nº 119 del Diario español República Constitucional, Hemeroteca

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Velos fiscales

La utilización de los presupuestos como un potente instrumento de política económica se ha convertido en el paradigma de los Gobiernos actuales y acapara el debate político durante una buena parte del año. Los problemas que tiene la sociedad civil en su discurrir cotidiano son tomados por los gestores públicos, a las órdenes de la clase política, como simples expedientes administrativos que proporcionarán su solución, cuando en realidad estas “políticas públicas” son velos adornados con encajes tecnológicos de moda que impiden la visión de la realidad política.

Cada una de las actuaciones tributarias de las que hacen gala son velos fiscales que tapan los medios utilizados por el grupo dominante para perpetuarse en el poder. Proclamaron reducciones del IRPF (400 euros) para que los contribuyentes pudiesen afrontar sus cargas hipotecarias o para premiar la natalidad (ayuda de 2500 euros por nacimiento) y de paso animar el consumo nacional; debajo estaban las razones electorales que impulsaron esas medidas. Ahora anuncian un encaje de bolillos para eliminarlas a partir de un determinado nivel de renta, argumentando que con ellas se estaban beneficiando los contribuyentes de rentas altas, los números rojos de la tesorería son la verdadera razón del cambio. Eliminaron el Impuesto del Patrimonio, cedido a las Comunidades Autónomas, argumentando que actualmente tiene poca capacidad recaudatoria, pero el Estado se vio abocado a eliminarlo para evitar la competencia fiscal entre regiones porque algunas lo habían vaciado de contenido. Perdió la ocasión de reconvertirlo en un tributo exclusivamente estatal como el Impuesto de Sociedades.

Porcentaje de declaraciones y recaudación IRPF 2007 (datos de la AEAT y gráfico propio)

 

A diario vemos variadas representaciones de fantasías fiscales realizadas por la clase política y sus acólitos sobre la equidad del sistema tributario, pero la desnuda realidad los pone en su sitio. La estadística del IRPF de 2007 publicada el día 1 de julio por la Agencia Tributaria del Estado nos detalla, entre otras cosas, que hubo 18.702.875 declaraciones, de las que el 39% tuvieron una base imponible menor de 12.000 euros y el 28% entre 12.000 y 21.000, es decir, el 67% (más de 7 millones de personas) ingresó poco más de 1.000 euros mensuales. Otro 29% se situaron entre 21.000 y 60.000 euros y solo un 4% declaró más de 60.000 euros (de los que el 0.06%, 10.425, tenía una renta superior a 600.000 euros).

Según estos datos estaríamos viviendo en un país empobrecido. ¿Cómo es posible tal “nivel de pobreza” si el INE publicó para dicho año una renta nacional disponible de 18.941 euros por habitante? (Censo interanual estimado para dicho año: 44.874.000 habitantes).

A través de este documento se observa cierta progresividad del impuesto ya que la curva de recaudación (amarilla) se desliza a la derecha con la campana situada en los tramos ocupados por la clase media y media alta, mientras que la mayor parte de las  declaraciones (línea roja) esta situada en los tramos de la clase media baja. El impuesto de la Renta se nutre fundamentalmente de los rendimientos de trabajo (86%), siendo la renta media declarada de 18.400 euros mientras que la de los rendimientos de actividades económicas fue de 10.146 euros.
Es decir el IRPF se está convirtiendo en un impuesto sobre los rendimientos de trabajo, ya que otro muchos rendimientos tienen algún tratamiento especial (algunos rendimientos de capital o los incrementos de patrimonio un 18%).

Es evidente que los que gobiernan no se enteran, se callan o mienten y muchos ciudadanos, aprovechando los resquicios legales, declaran lo mínimamente imprescindible aprovechando actividades económicas, fórmulas tributarias especiales, sociedades (entre ellas las famosas SICAV con el 1% ó las PYMES al 25%) ó lugares fantásticos con baja tributación (paraísos fiscales).

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Techo de Gasto

En la polémica artificial sobre la subida o no de los impuestos, el Gobierno de la Nación parece que está jugando al despiste ya que, por un lado, la ministra de Economía y Hacienda dice que “no tiene en la agenda” ninguna previsión de subida pero presenta en el Congreso de los Diputados un “techo de gasto” no financiero del Estado para 2010 (182.439 millones €, un 15% superior al inicial de 2009, paro un 4,6% inferior a la previsión de su liquidación) que lleva implícita la subida de impuestos para poder financiarlo. Por otro lado, su Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos declara que no se debe descartar ninguna actualización, a la vista de las telarañas que tiene la Caja estatal. Todas estas declaraciones son tácticas de globos sonda para que los actores de la sociedad política (Partidos, Sindicatos, Grupos de Presión,…) vayan tomando posiciones y a así saber con qué apoyos contará en la próxima tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010.

Elena Salgado, Ministra de Economía y Hacienda (foto Efe)

Los PGE son un conjunto de presupuestos (Estado, Seguridad Social y otros Entes y Organismos) que, en muchos casos, no están incluidos en ese “techo”, suelen sufrir cambios en los diversos trámites de elaboración y una vez aprobados pueden ser modificados de múltiples formas. Además los programas que los integran apenas son discutidos, su utilidad no se pone en entredicho y su coste apenas trasciende. Así que lo aprobado en la Cortes no es más que un pasatiempo numérico para ingenuos.

Todo es un montaje publicitario para tratar de convencer a los ciudadanos de la utilidad económica de la desaparición de muchas deducciones (los famosos 400 euros, el cheque bebé, la compra de vivienda…) y de la solidaridad social en tiempos de crisis, sin explicar la tajada que se llevarán las Comunidades Autónomas o las Entidades Financieras. Buscan que los ciudadanos hagamos castillos en el aire (neuróticos) o deseemos habitar en ellos (psicóticos).

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ver Hemeroteca (n115)del Diario español República Constitucional, nº 115

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Fraude fiscal

La Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, con tranquilidad post electoral, ha salido a la palestra para explicar el escenario económico actual e imaginar cómo será él del próximo año. En su perorata nos explicó por enésima vez las pre-visiones para el año 2009 (más bien, post-visiones) y nos advirtió del decorado del nuevo presupuesto para 2010: tasa de paro (18,9%), descenso del PIB (0,3%), descenso de la demanda total (1%), aumento de las exportaciones (2,9%) y descenso de las importaciones (0,6%. También deleitó nuestros oídos con varios créditos extraordinarios que modificarán el pre-supuesto actual (el más gordo: pagar a los parados de 2009, según ella llegarán al 17,9% de la población activa) y con una subida de los impuestos especiales (tabaco, hidrocarburos) para compensar la baja presión fiscal que padecemos desde 1996, conseguir una ecología sostenible y mejorar nuestra salud.

Como titular del departamento encargado de dirigir y gestionar los ingresos del Estado debería conocer las fuentes en las que brotan los recursos de la sociedad y no tomar medidas fáciles (subir tipos de forma indiscriminada) con justificaciones demagógicas, sin pensar a quien perjudica ni utilizar recursos futuros (deuda pública sin control) hipotecando a las próximas generaciones. ¿Por qué no atiende a los consejos que algunos empleados de su departamento han publicado?

Señora Ministra, léase el informe que el sindicato de Técnicos de Hacienda (GHESTA) ha elaborado para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y lograr un reparto más justo de las cargas fiscales. Según dicho sindicato en España hay una economía sumergida equivalente al 23% del PIB (cerca de 240.000 millones €): “Una reducción parcial en 10 puntos…. nivel que ostentan los países de nuestro entorno, permitiría obtener unos ingresos adicionales por año de 38.000 millones €, 25.000 de impuestos y 13.000 de de cuotas de la Seguridad Social“. Ahí tiene el filón de ingresos que necesita el Estado, con ello su departamento sería más eficiente con los recursos que posee, más eficaz con los fines encomendados y más justo con la sociedad que dicen representar.

Señora Ministra, para ello debería dedicar más medios personales a conocer la procedencia de los billetes de 500 euros (España acapara dos tercios de ellos), las operaciones ilícitas, las transacciones inmobiliarias, las facturas falsas, las tramas del IVA, los actuales métodos de declaración de algunos impuestos que, en el IRPF, llevan al absurdo de que el 80% de su recaudación procede de los rendimientos del trabajo, mientras que de las actividades empresariales y profesionales solo se procede el 8%.

Señora Ministra, debería averiguar por qué solo existen 95 funcionarios para inspeccionar cerca de 40.571 grandes empresas (con ingresos superiores a 6,1 millones €), a qué se dedican los 1.600 inspectores (el 50% realizan tareas directivas, no hacen gestión directa) ó los 6.000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos, que podrían estar dirigiendo funciones inspectoras en otras 57.600 empresas (con volumen de negocios entre 1,8 y 6 millones €), justo las que más probabilidades tienen de escapar al control fiscal.

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(ver Hemeroteca (nº 110) del Diario español República Constitucional)

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Parlamento europeo (II): ¿Para qué sirve?

Si en las políticas sensibles (fiscalidad, industrias y agricultura) solo emite dictámenes consultivos, si en los gastos obligatorios (los derivados de la política agraria común y de compromisos internacionales) la última palabra la tiene el Consejo Europeo, si los recursos de su presupuesto (derechos de aduanas, exacciones agrícolas, participación en el IVA y en el PIB) están tasados de antemano, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo?

Si el monopolio de la iniciativa legislativa está en manos de la Comisión Europea donde se elaboran y negocian las directivas y reglamentos, si las grandes decisiones de política monetaria y fiscal se toman de forma opaca al margen de sus comisiones y de su pleno (en el seno del Banco Central Europeo, en las Direcciones Generales de la Comisión, verdadero núcleo del poder fáctico de la Unión Europea), ¿para qué sirve el Parlamento Europeo?

Si los lobbies ocupan más del 90% de las oficinas del barrio europeo de Bruselas, si hay más de 1500 organizaciones y más de 2000 grupos de presión pululando por los alrededores de los edificios de la Comisión (se estima una nómina de 15000 lobbistas [Lobby Watch]) esperando decisiones sobre el futuro de la energía europea, el sector automovilístico o la industria química, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo?

Algunos europeistas se conforman con que Irlanda y la República Checa digan sí al nuevo Tratado de la Unión, lo que aumentaría el número de materias susceptibles de “codecisión”; con paralizar alguna directiva como la de Bolkestein (el aumento de horario laboral); con aprobar “leyes blandas” que sirvan de pauta para la legislación de los Estados miembros; o con interponer algún recurso ante el Tribunal Europeo.
De momento solo tiene un compendio de poderes subalternos para mantener entretenido a un grupo de dirigentes retirados de la política activa en su país de origen; o para recompensar con fabulosos sueldos y dádivas adyacentes los servicios prestados de manera tan incompetente como la exhibida por la ex ministra de Fomento, doña Magdalena Álvarez.

Parlamento europeo, otra sede en Bruselas (burladero.com)

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(ver Hemeroteca (nº 103) del Diario español República Constitucional)

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Parlamento europeo (I): Dos falacias

Las próximas elecciones al Parlamento Europeo serán la manifestación de dos falacias que los medios de comunicación consideran como verdades democráticas.

La primera de ellas se refiere a la representación política de los ciudadanos de la Unión Europea pues, para la renovación de sus 732 diputados o más, se ha dejado libertad a cada país para que aplique el método electoral que le parezca oportuno. Se ha perdido la ocasión de implantar un sistema electoral con distritos uninominales que, respetando la actual división estatal, representara a todos los ciudadanos de la Unión Europea, como ocurre en la Cámara de Representantes de EEUU. La Unión Europea lo único que hace es asignar el cupo de parlamentarios a cada país. A España le tocan 50 parlamentarios y no serán elegidos en cada uno de los 50 distritos posibles sino en único distrito mediante “Listas electorales nacionales” elaboradas por los propios partidos, repartiéndose la tarta de forma proporcional a los votos obtenidos por cada una de ellas.

La segunda falacia de estas elecciones es considerarlas como la renovación del Poder Legislativo de la Unión Europea, ya que ni es poder original ni es la única institución que legisla. Este Parlamento es utilizado por el Consejo Europeo como un órgano consultivo para emitir informes no vinculantes (procedimiento de consulta) o vinculantes (procedimiento de dictamen conforme) en algunas materias tasadas. El Parlamento en otras ocasiones puede tratar de que el Consejo acepte las enmiendas que él mismo haya efectuado a las decisiones tomadas por la Comisión Europea (procedimiento de cooperación) aunque al final de unos farragosos trámites predomine la decisión del Consejo. Por último, hay normas comunitarias que se aprueban de común acuerdo entre el Parlamento y el Consejo (procedimiento de codecisión). Este último procedimiento, en caso de desacuerdo, prevé la constitución de un comité de conciliación compuesto por representantes del Consejo y del Parlamento para lograr un texto aceptado por ambas instituciones, estableciendo la igualdad de esas dos instituciones en su papel legislativo. Todos estos procedimientos convierten al Parlamento Europeo en una inmensa máquina burocrática, a pesar de la innovación de la codecisión. En fin, le queda mucho camino por andar para llegar a ser como la Cámara de Representantes de EEUU.

Parlamento europeo, sede de Estrasburgo (eu2008.fr)

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(ver Hemeroteca (nº 102) del Diario español República Constitucional)

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