La utilización de los presupuestos como un potente instrumento de política económica se ha convertido en el paradigma de los Gobiernos actuales y acapara el debate político durante una buena parte del año. Los problemas que tiene la sociedad civil en su discurrir cotidiano son tomados por los gestores públicos, a las órdenes de la clase política, como simples expedientes administrativos que proporcionarán su solución, cuando en realidad estas “políticas públicas” son velos adornados con encajes tecnológicos de moda que impiden la visión de la realidad política.

Cada una de las actuaciones tributarias de las que hacen gala son velos fiscales que tapan los medios utilizados por el grupo dominante para perpetuarse en el poder. Proclamaron reducciones del IRPF (400 euros) para que los contribuyentes pudiesen afrontar sus cargas hipotecarias o para premiar la natalidad (ayuda de 2500 euros por nacimiento) y de paso animar el consumo nacional; debajo estaban las razones electorales que impulsaron esas medidas. Ahora anuncian un encaje de bolillos para eliminarlas a partir de un determinado nivel de renta, argumentando que con ellas se estaban beneficiando los contribuyentes de rentas altas, los números rojos de la tesorería son la verdadera razón del cambio. Eliminaron el Impuesto del Patrimonio, cedido a las Comunidades Autónomas, argumentando que actualmente tiene poca capacidad recaudatoria, pero el Estado se vio abocado a eliminarlo para evitar la competencia fiscal entre regiones porque algunas lo habían vaciado de contenido. Perdió la ocasión de reconvertirlo en un tributo exclusivamente estatal como el Impuesto de Sociedades.

Porcentaje de declaraciones y recaudación IRPF 2007 (datos de la AEAT y gráfico propio)

A diario vemos variadas representaciones de fantasías fiscales realizadas por la clase política y sus acólitos sobre la equidad del sistema tributario, pero la desnuda realidad los pone en su sitio. La estadística del IRPF de 2007 publicada el día 1 de julio por la Agencia Tributaria del Estado nos detalla, entre otras cosas, que hubo 18.702.875 declaraciones, de las que el 39% tuvieron una base imponible menor de 12.000 euros y el 28% entre 12.000 y 21.000, es decir, el 67% (más de 7 millones de personas) ingresó poco más de 1.000 euros mensuales. Otro 29% se situaron entre 21.000 y 60.000 euros y solo un 4% declaró más de 60.000 euros (de los que el 0.06%, 10.425, tenía una renta superior a 600.000 euros).

Según estos datos estaríamos viviendo en un país empobrecido.
¿Cómo es posible tal “nivel de pobreza” si el INE publicó para dicho año una renta nacional disponible de 18.941 euros por habitante? (Censo interanual estimado para dicho año: 44.874.000 habitantes).

A través de este documento se observa cierta progresividad
del impuesto ya que la curva de recaudación (amarilla) se desliza a la derecha con la campana situada en los tramos ocupados
por la clase media y media alta, mientras que la mayor parte de las  declaraciones (línea roja) esta situada en los tramos de la clase media baja. El impuesto de la Renta se nutre fundamentalmente de los rendimientos de trabajo (86%), siendo la renta media declarada de 18.400 euros mientras que la de los rendimientos de actividades económicas fue de 10.146 euros.
Es decir el IRPF se está convirtiendo en un impuesto sobre los rendimientos de trabajo, ya que otro muchos rendimientos tienen algún tratamiento especial (algunos rendimientos de capital o los incrementos de patrimonio un 18%).

Es evidente que los que gobiernan no se enteran, se callan o
mienten y muchos ciudadanos, aprovechando los resquicios legales, declaran lo mínimamente imprescindible aprovechando
actividades económicas, fórmulas tributarias especiales, sociedades (entre ellas las famosas SICAV con el 99% de bonificación o las PYMES al 25%) o lugares fantásticos con baja tributación (paraísos fiscales).

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En la polémica artificial sobre la subida o no de los impuestos, el Gobierno de la Nación parece que está jugando al despiste ya que, por un lado, la ministra de Economía y Hacienda dice que “no tiene en la agenda” ninguna previsión de subida pero presenta en el Congreso de los Diputados un “techo de gasto” no financiero del Estado para 2010 (182.439 millones €, un 15% superior al inicial de 2009, paro un 4,6% inferior a la previsión de su liquidación) que lleva implícita la subida de impuestos para poder financiarlo. Por otro lado, su Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos declara que no se debe descartar ninguna actualización, a la vista de las telarañas que tiene la Caja estatal. Todas estas declaraciones son tácticas de globos sonda para que los actores de la sociedad política (Partidos, Sindicatos, Grupos de Presión,…) vayan tomando posiciones y a así saber con qué apoyos contará en la próxima tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010.

Elena Salgado, Ministra de Economía y Hacienda (foto Efe)

Los PGE son un conjunto de presupuestos (Estado, Seguridad Social y otros Entes y Organismos) que, en muchos casos, no están incluidos en ese “techo”, suelen sufrir cambios en los diversos trámites de elaboración y una vez aprobados pueden ser modificados de múltiples formas. Además los programas que los integran apenas son discutidos, su utilidad no se pone en entredicho y su coste apenas trasciende. Así que lo aprobado en la Cortes no es más que un pasatiempo numérico para ingenuos.

Todo es un montaje publicitario para tratar de convencer a los ciudadanos de la utilidad económica de la desaparición de muchas deducciones (los famosos 400 euros, el cheque bebé, la compra de vivienda…) y de la solidaridad social en tiempos de crisis, sin explicar la tajada que se llevarán las Comunidades Autónomas o las Entidades Financieras. Buscan que los ciudadanos hagamos castillos en el aire (neuróticos) o deseemos habitar en ellos (psicóticos).

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ver Hemeroteca (n115)del Diario español República Constitucional, nº 115

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La Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, con tranquilidad post electoral, ha salido a la palestra para explicar el escenario económico actual e imaginar cómo será él del próximo año. En su perorata nos explicó por enésima vez las pre-visiones para el año 2009 (más bien, post-visiones) y nos advirtió del decorado del nuevo presupuesto para 2010: tasa de paro (18,9%), descenso del PIB (0,3%), descenso de la demanda total (1%), aumento de las exportaciones (2,9%) y descenso de las importaciones (0,6%. También deleitó nuestros oídos con varios créditos extraordinarios que modificarán el pre-supuesto actual (el más gordo: pagar a los parados de 2009, según ella llegarán al 17,9% de la población activa) y con una subida de los impuestos especiales (tabaco, hidrocarburos) para compensar la baja presión fiscal que padecemos desde 1996, conseguir una ecología sostenible y mejorar nuestra salud.

Como titular del departamento encargado de dirigir y gestionar los ingresos del Estado debería conocer las fuentes en las que brotan los recursos de la sociedad y no tomar medidas fáciles (subir tipos de forma indiscriminada) con justificaciones demagógicas, sin pensar a quien perjudica ni utilizar recursos futuros (deuda pública sin control) hipotecando a las próximas generaciones. ¿Por qué no atiende a los consejos que algunos empleados de su departamento han publicado?

Señora Ministra, léase el informe que el sindicato de Técnicos de Hacienda (GHESTA) ha elaborado para mejorar la lucha contra el fraude fiscal y lograr un reparto más justo de las cargas fiscales. Según dicho sindicato en España hay una economía sumergida equivalente al 23% del PIB (cerca de 240.000 millones €): “Una reducción parcial en 10 puntos…. nivel que ostentan los países de nuestro entorno, permitiría obtener unos ingresos adicionales por año de 38.000 millones €, 25.000 de impuestos y 13.000 de de cuotas de la Seguridad Social“. Ahí tiene el filón de ingresos que necesita el Estado, con ello su departamento sería más eficiente con los recursos que posee, más eficaz con los fines encomendados y más justo con la sociedad que dicen representar.

Señora Ministra, para ello debería dedicar más medios personales a conocer la procedencia de los billetes de 500 euros (España acapara dos tercios de ellos), las operaciones ilícitas, las transacciones inmobiliarias, las facturas falsas, las tramas del IVA, los actuales métodos de declaración de algunos impuestos que, en el IRPF, llevan al absurdo de que el 80% de su recaudación procede de los rendimientos del trabajo, mientras que de las actividades empresariales y profesionales solo se procede el 8%.

Señora Ministra, debería averiguar por qué solo existen 95 funcionarios para inspeccionar cerca de 40.571 grandes empresas (con ingresos superiores a 6,1 millones €), a qué se dedican los 1.600 inspectores (el 50% realizan tareas directivas, no hacen gestión directa) ó los 6.000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos, que podrían estar dirigiendo funciones inspectoras en otras 57.600 empresas (con volumen de negocios entre 1,8 y 6 millones €), justo las que más probabilidades tienen de escapar al control fiscal.

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(ver Hemeroteca (nº 110) del Diario español República Constitucional)

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Si en las políticas sensibles (fiscalidad, industrias y agricultura) solo emite dictámenes consultivos, si en los gastos obligatorios (los derivados de la política agraria común y de compromisos internacionales) la última palabra la tiene el Consejo Europeo, si los recursos de su presupuesto (derechos de aduanas, exacciones agrícolas, participación en el IVA y en el PIB) están tasados de antemano, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo?

Si el monopolio de la iniciativa legislativa está en manos de la Comisión Europea donde se elaboran y negocian las directivas y reglamentos, si las grandes decisiones de política monetaria y fiscal se toman de forma opaca al margen de sus comisiones y de su pleno (en el seno del Banco Central Europeo, en las Direcciones Generales de la Comisión, verdadero núcleo del poder fáctico de la Unión Europea), ¿para qué sirve el Parlamento Europeo?

Si los lobbies ocupan más del 90% de las oficinas del barrio europeo de Bruselas, si hay más de 1500 organizaciones y más de 2000 grupos de presión pululando por los alrededores de los edificios de la Comisión (se estima una nómina de 15000 lobbistas [Lobby Watch]) esperando decisiones sobre el futuro de la energía europea, el sector automovilístico o la industria química, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo?

Algunos europeistas se conforman con que Irlanda y la República Checa digan sí al nuevo Tratado de la Unión, lo que aumentaría el número de materias susceptibles de “codecisión”; con paralizar alguna directiva como la de Bolkestein (el aumento de horario laboral); con aprobar “leyes blandas” que sirvan de pauta para la legislación de los Estados miembros; o con interponer algún recurso ante el Tribunal Europeo.
De momento solo tiene un compendio de poderes subalternos para mantener entretenido a un grupo de dirigentes retirados de la política activa en su país de origen; o para recompensar con fabulosos sueldos y dádivas adyacentes los servicios prestados de manera tan incompetente como la exhibida por la ex ministra de Fomento, doña Magdalena Álvarez.

Parlamento europeo, otra sede en Bruselas (burladero.com)

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(ver Hemeroteca (nº 103) del Diario español República Constitucional)

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Las próximas elecciones al Parlamento Europeo serán la manifestación de dos falacias que los medios de comunicación consideran como verdades democráticas.

La primera de ellas se refiere a la representación política de los ciudadanos de la Unión Europea pues, para la renovación de sus 732 diputados o más, se ha dejado libertad a cada país para que aplique el método electoral que le parezca oportuno. Se ha perdido la ocasión de implantar un sistema electoral con distritos uninominales que, respetando la actual división estatal, representara a todos los ciudadanos de la Unión Europea, como ocurre en la Cámara de Representantes de EEUU. La Unión Europea lo único que hace es asignar el cupo de parlamentarios a cada país. A España le tocan 50 parlamentarios y no serán elegidos en cada uno de los 50 distritos posibles sino en único distrito mediante “Listas electorales nacionales” elaboradas por los propios partidos, repartiéndose la tarta de forma proporcional a los votos obtenidos por cada una de ellas.

La segunda falacia de estas elecciones es considerarlas como la renovación del Poder Legislativo de la Unión Europea, ya que ni es poder original ni es la única institución que legisla. Este Parlamento es utilizado por el Consejo Europeo como un órgano consultivo para emitir informes no vinculantes (procedimiento de consulta) o vinculantes (procedimiento de dictamen conforme) en algunas materias tasadas. El Parlamento en otras ocasiones puede tratar de que el Consejo acepte las enmiendas que él mismo haya efectuado a las decisiones tomadas por la Comisión Europea (procedimiento de cooperación) aunque al final de unos farragosos trámites predomine la decisión del Consejo. Por último, hay normas comunitarias que se aprueban de común acuerdo entre el Parlamento y el Consejo (procedimiento de codecisión). Este último procedimiento, en caso de desacuerdo, prevé la constitución de un comité de conciliación compuesto por representantes del Consejo y del Parlamento para lograr un texto aceptado por ambas instituciones, estableciendo la igualdad de esas dos instituciones en su papel legislativo. Todos estos procedimientos convierten al Parlamento Europeo en una inmensa máquina burocrática, a pesar de la innovación de la codecisión. En fin, le queda mucho camino por andar para llegar a ser como la Cámara de Representantes de EEUU.

Parlamento europeo, sede de Estrasburgo (eu2008.fr)

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(ver Hemeroteca (nº 102) del Diario español República Constitucional)

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