Economía sostenible

1.- La “nueva economía” Comenzaron por lanzar al auditorio de mítines y tertulias el concepto de “nueva economía” como una nueva forma de utilizar los recursos disponibles y de política económica que superase las antiguas formas de producción y de organización económica, para convencer a sus huestes que esa era la nueva frontera. A lo largo de la historia ese concepto se ha utilizado como revulsivo a una situación anterior. Así se denominó a la economía surgida de las ideas de Adam Smith y de la posterior revisión de Carlos Marx, a la economía que surgió de las nuevas ideas aportadas por los neoclásicos y a las prácticas realizadas de acuerdo con las aportaciones de John M. Keynes. Pero fundamentalmente este concepto se propagó con más insistencia a las medidas tomadas por la Administración demócrata de Bill Clinton a partir de 1994 en contraposición a lo ocurrido en la anterior época de administración republicana y a las altas tasas de productividad conseguidas con las nuevas tecnologías de la información. ¿Qué bloque de ideas patrias está detrás de nuestra “nueva economía”? No hay nada más que propaganda política para mantener a los grandes medios de comunicación entretenidos y lejos de los problemas reales que acucian a los ciudadanos. La “nueva economía” será el proyecto de país que se diseñe como resultado de pronunciar un conjuro: “economía sostenible”, como nuevo eslogan de la moda política de este invierno. El anteproyecto de ley está concebido como una cadena de anuncios reunidos en un cajón de sastre, conocido también como norma ómnibus en la que puede entrar de todo sin más orden que el expresado en la secuencia de los artículos. Este tipo de normas nos trae a la memoria los planes quinquenales soviéticos, los planes de desarrollo de López Rodó, los mapas de infraestructuras de José Borrel a su paso por el Ministerio de nombre parecido, el compendio de medidas del “PlanE” o las antiguas leyes de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. Este anteproyecto es jurídicamente un desorden legal, políticamente una técnica más de propaganda de los detentadores del poder para aparentar que tienen ideas para superar la grave crisis que nos corroe, socialmente un intento de implicar en la solución de los problemas a todos los agentes sociales para diluir la responsabilidad que ellos tienen como dirigentes políticos que han sido “elegidos” para liderar el progreso de la sociedad y económicamente no es más que un ejercicio de programación económica a largo plazo. Y esta técnica en un sistema de libre mercado no sirve para nada. Este combinado, “economía sostenible”, se aplica a cualquier forma de producir o gestionar servicios que ahorra energía o utiliza energías renovables y no contaminantes. Sin importar que su utilización sea muy cara y que se necesite disponer de unas infraestructuras paralelas para ser utilizadas en los momentos de baja producción (escasez de agua en el pantano que genera energía hidráulica, falta de viento en la energía eólica, falta de luz en la energía solar, mar en calma en la energía maremotriz, etc.). 2.- Los medios Una vez que sembraron la “necesidad” de su “economía sostenible” como parte de la estrategia para el cambio de modelo económico, definieron los tres pilares básicos para llegar a ella: mejora del entorno económico, impulso de la competitividad y sostenibilidad medioambiental. En sus múltiples explicaciones juegan una y otra vez con la “sostenibilidad” para acotar su posición en el aspecto de la realidad que describen en ese momento, así hablan de sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas para referirse a la eficacia y eficiencia de su funcionamiento y de sostenibilidad medioambiental de toda la economía nacional para referirse a la reducción de la contaminación, al consumo, ahorro y eficiencia energéticos. En el primer caso concretan algunas medidas para la Administración del Estado y pasan con sigilo sobre las medidas se han de tomar en las Administraciones Territoriales, actualmente responsables de la mayor parte del Gasto Público operativo. En el segundo caso enumeran una multitud de medidas que habrá que poner en práctica (transporte ferroviario, vehículos eléctricos, transporte público de viajeros, planificación del sistema eléctrico, rehabilitación de viviendas) pero no concretan cómo se harán, cuánto costaran, cuánto tardarán o quién las llevará a cabo. De todas las reformas posibles para conseguir los objetivos, se limitan a concretar aquellas con impacto mediático (reformar los organismos reguladores, las remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas en bolsa y la protección de los inversores) que solamente son la hojarasca del bosque financiero; y aquellas otras que lavan la cara a la maltrecha competitividad (eliminación de anuncios, de licencias municipales, acceso a Internet y a telecomunicaciones rápidas, costes de explotación de patentes) tocando muy de pasada el verdadero estímulo a la investigación y desarrollo realizado en las Universidades, Centros especializados y grandes empresas. Y así se podría enumerar una reforma tras otra, hilvanadas con alfileres en un gran muñeco de trapo. Es curioso observar en este anteproyecto de ley que una gran parte de los instrumentos que se van a utilizar para lograr aquellos objetivos está orientada a remover obstáculos administrativos, que previamente habían sido interpuestos o a devolver ingresos fiscales (redefinición y ampliación de deducciones en diversos impuestos) que antes habían sido detraídos. Es decir adelgazar la burocracia y redefinir el papel del Sector Público que antes consideraron un estímulo y ahora un estorbo. Este cambio radical en la orientación de nuestra política económica y en los medios que ha de poner en marcha solamente podrá tener éxito mediante un “modelo político sostenible”, ése modelo capaz de eligir democráticamente a la persona mejor dotada para liderar este gran cambio y a los representantes de los ciudadanos de cada distrito que controlen su puesta en práctica.

(Ver nº 144 y 148 del Diario español República Constitucional http://diariorc.com)

Las subvenciones

Al hilo de la denuncia que ha realizado el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro contra Diego López Garrido por haber concedido dos subvenciones por un valor de 78.000 euros a la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, siendo Secretario de Estado para la Unión Europea y patrono de dicha Fundación en el año 2008, nos podemos preguntar: ¿Qué sector o actividad de la sociedad española no recibe subvenciones? La respuesta es que la mayor parte de los sectores económicos y estamentos sociales recibe subvenciones públicas. 

Gran parte de los productos agrarios, ganaderos o pesqueros se mantienen gracias a las subvenciones que reciben de forma periódica. Productos tan emblemáticos para nuestra economía como el maíz, el trigo, el cordero y diversos pescados son producidos gracias a las subvenciones. La minería y las energías alternativas sobreviven gracias a las ingentes ayudas que reciben. Los incentivos económicos destinados a las empresas industriales y de servicios son numerosos y cuantiosos. Las subvenciones públicas son una de las principales fuentes de financiación de instituciones sociales como los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y de una buena parte de las Fundaciones, Asociaciones y Organizaciones calificadas como instituciones sin fines de lucro así como de personas físicas. 

A través de ellas se crea una tupida red de influencias y de control de muchas actividades de la sociedad. Por más que vistan su concesión de objetividad con procedimientos tasados y creen una base de datos nacional de subvenciones para garantizar su publicidad, la voluntad del que las firma siempre está presente en el que las recibe. Sin poner en entredicho la utilidad de su uso en casos muy concretos y tasados por ley, la realidad nos demuestra que estas ayudas crean dependencia, paraliza la necesidad de buscar otros métodos alternativos de financiación y son una carga tributaria para los demás ciudadanos. A la sombra de ellas ha crecido una fauna experta en cazar todo tipo de ayuda pública y en presionar a los dirigentes de las diversas Administraciones con toda clase de argumentos (proteccionistas, ideológicos, altruistas, solidarios o sensibleros) para su obtención. Las subvenciones son la sopa boba de nuestro tiempo y las Administraciones públicas han sustituido a los conventos de antaño.

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(ver nº 138 del Diario español República Constitucional)

Al borde del abismo

En la grave crisis económica que atravesamos, con los sectores económicos más emblemáticos de nuestra oferta nacional en deterioro y la demanda nacional bajo mínimos, la mayor parte de los dirigentes de las Administraciones Públicas, de cualquier color político (por sus manos pasa el 50% del Producto Interior Bruto [PIB]), nos están vociferando que sus intervenciones en la economía sirven para relanzarla, sin darse cuenta que las únicas acciones positivas son las que crean valor añadido a la sociedad (servicios públicos básicos, ayudas indispensables e inversiones que estimulen la actividad de los agentes económicos), no sus gastos corrientes suntuarios (ejércitos de asesores, miles de cargos inútiles, mobiliario de alto diseño, flotas de coches lujosos, alquileres injustificados, compras y servicios ineficaces ….).

Ya no les basta con los ingresos tributarios presentes sino que acuden con ligereza al endeudamiento (letras, bonos, obligaciones, préstamos) en vez de restringir sus oropeles. En un año el conjunto de las Administraciones lo han incrementado en 157.254 M€ (15% del PIB). Según el Banco de España, la deuda pública en circulación paso de 498.337 M€ en el 2º trimestre de 2008 a 655.591 M€ en el 2º trimestre de 2009 (61,3% del PIB). Lo más grave de todo es que el exceso de su utilización nos acerca cada vez más al abismo: al estrangulamiento de las finanzas públicas (dedicar un gran porcentaje del presupuesto a su devolución) y a la suspensión de pagos del Estado.

¿Para qué ha servido ese gasto público financiado con enorme esfuerzo si se han destruido más de 1,5 millones de puestos de trabajo y el número de ocupados sigue descendiendo hasta los niveles de 2005, llegando a representar tan solo la mitad de la población española mayor de 16 años (el 49,1%)?: adquirir activos financieros “bien calificados”, conceder diversas ayudas a muchos bancos causantes de la crisis financiera, salvar Cajas de Ahorros mal gestionadas por políticos sin escrúpulos, fomentar su fusión para evitar la quiebra, abrir y cerrar zanjas (obras públicas locales rápidas y poco pensadas) y a financiar el desempleo galopante.

¿Qué hace realmente la clase política (que solamente se representa a sí misma: “las Listas las hago yo” decía estos días el líder del Partido Popular ante la profunda crisis de poder en su formación) para salir de esta situación?: escenificar luchas de poder, espiar sin control, robar dinero público, efectuar declaraciones huecas para dar confianza a sus incautos seguidores, ofrecer una vez más ungüento de serpiente y bailar en la cubierta del crucero “España”, mientras éste se va hundiendo dulcemente.

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(ver nº 130 del Diario español República Constitucional)

Pronunciamientos

Primero fue la puesta en escena del Presidente de la Generalidad de Cataluña arengando a los miembros del Consejo de Garantías Estatutarias sobre las bondades del Estatuto como si fuera una Constitución, en la que se siguió paso a paso la liturgia del Estado de Partidos al que imitan en su organización.

Después fue el presidente de CiU, Artur Mas, proponiendo al resto de partidos políticos catalanes pactar un “Plan B” por si el Tribunal Constitucional lamina el Estatuto, en el que se incluiría el traspaso de más competencias, como la gestión completa de los aeropuertos y la firma de un concierto económico, a imagen y semejanza del que disfrutan el País Vasco y Navarra, rechazaron en el pasado por considerarlo un instrumento fiscal obsoleto.

 Ahora son los periódicos locales “catalanes”, en nombre de la opinión pública catalana (como si allí no se comprasen periódicos de tirada nacional), los que firman un editorial pronunciándose, como se hacía en la España del siglo XIX, sobre los peligros de una sentencia contraria a una parte del Estatuto y sobre las posibles “cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española” y maniobras “para transformar la sentencia ….en un verdadero cerrojazo institucional” al deseo de “autogobierno de un viejo pueblo europeo” y demás demagogias  nacionalistas al uso.

Todos están poniendo su granito de arena para condicionar el resultado así que no se trata de una mera opinión al abrigo de la libertad de prensa. Estos acontecimientos nos ratifican lo que, desde hace mucho tiempo, se viene escribiendo en estas páginas a cerca del carácter político del Tribunal Constitucional, así como de su innecesaria existencia (sus competencias deberían estar residenciadas en el Tribunal Supremo). 

Se han dado tantas alas a los sátrapas periféricos, con la excusa  de acercar la Administración a los ciudadanos (precisamente hoy día en la era de las telecomunicaciones, de la administración electrónica y de la globalización) que ahora se enervan por no poder tener algo más. No solo desean que las normas emanadas de su Parlamento regional sean intocables por los órganos jurisdiccionales del Estado. 

¡Qué importa el paulatino vaciamiento estatal! Si de esta guisa España se convierte en un “Estado fallido” o un engendro confederal, ellos quieren estar preparados para sustituirlo en ese trozo del territorio. Por eso les duele el posible recorte de su Estatuto que les garantiza la supremacía sobre todas las demás Comunidades Autónomas, el trato con el Estado en pie de igualdad y un paso más a sus “fantasías soberanistas”. 

Al final, esta escalada de presiones posiblemente conducirá a otras transferencias de competencias del Estado para acallar sus voces y éste continuará por el camino de la autodestrucción.

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(ver nº 143 del Diario español República Constitucional, diariorc.com

Capital intangible

En la reflexión que el Banco Mundial hace sobre las instituciones como clave de la riqueza de las naciones (“¿Dónde está la riqueza de las naciones? Una medición del capital del siglo XXI) ha intentado cuantificar el valor económico de éstas: el capital intangible (“La economía no miente” de Guy Sorman). En esta reflexión se destaca que el Estado de Derecho representa el 57% del capital de un país, la Educación el 36% y la Riqueza Natural entre el 1 y el 3%. Según dicho estudio Suiza tiene un índice de 99,5, Estados Unidos un 91,8, Nigeria un 5,8 a pesar de su riqueza petrolífera y el Congo un índice negativo porque sus instituciones colaboran en la destrucción de la riqueza nacional. El profesor Guy Sorman recuerda que “esta noción resuelve algunos enigmas clásicos de la ciencia económica, como el declive de Argentina….”, una nación que llegó a ser la quinta potencia económica mundial y lleva estancada 25 años. Lo mismo que ocurre en la España actual, tan ensalzada por su gran descentralización, en la que se pueden observar la degradación de estas variables.

Por un lado, las instituciones políticas del Estado español actual han ido perdiendo importancia en beneficio de las Comunidades Autónomas, convertidas en Estados dentro del Estado. Las instituciones estatales han dejado de ser consideradas como único referente en las transacciones comerciales internacionales, pues los actores transnacionales (sobre todo las empresas), muchas veces, no saben qué Administración tiene la competencia para garantizar el cumplimiento de los contratos o resolver posibles conflictos. Y los actores nacionales están desorientados al ver que el Estado ha perdido la categoría de gendarme que vigila la honradez y la igualdad de trato en las transacciones internas en un territorio parcelado que ha ido rompiendo la unidad de mercado nacional.

Por otro lado, el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) sitúa a España en el lugar 33 en el ranking de los países más competitivos, bajando cuatro lugares desde el año pasado, y en el lugar 122 de 133 países estudiados en el de la flexibilidad laboral, al mismo nivel que Zimbabue. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su Informe “Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE 2009” refleja que casi la mitad de los españoles (49%) de entre 25 y 64 años ha abandonado los estudios al acabar la enseñanza obligatoria. En comparación con otros países, sólo México (67%) y Portugal (73%) tiene peores datos que España. Esta organización también nos advierte que la generación “Neet” (Not employment, education or training) o “Ni-Ni” (Ni estudian, Ni trabajan) representa un 14% de los jóvenes entre 16 y 24 años. Y para adornar este ramillete de flores solamente tenemos que leernos la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de este año y ver el porcentaje de de jóvenes activos que están desempleados (38,6%).

Una nación con este nivel de capital intangible es el vivo reflejo de la decadencia de la clase política que la gobierna y de la falta de líderes salidos de la sociedad civil y conocedores de los problemas sociales y sus soluciones.

Comentarios efectuados al publicado:
1.- Axturcón
Demoledor y triste artículo para un español, don Lorenzo. Y la muestra palpable del fracaso del Estado oligarca autonómico. La comparación no ha sido con la centralista Francia, sino con los federales EE.UU. y la Confederación Helvética. Un país puede organizarse como quiera, pero si falta la democracia, el fracaso está cantado. Como bien recuerda don Antonio García-Trevijano, la URSS estalinista y la España franquista eran Estados de Derecho, que no democracias. ¿Por qué Suiza y EE.UU. como ejemplos? Porque, sencillamente, son democracias.
Son curiosos los prejuicios hacia el sistema educativo de Estados Unidos, porque nos vuelven a dar una repaso… Cuando los cantonalistas cartageneros pensaron ser un Estado de la Unión, no andaban muy desencaminados (perdón por esta boutade). Gracias por el artículo nuevamente, don Lorenzo.
2.-Lorenzo_Alonso
Muchas gracias, Axturcon.
La expresión “Estado de derecho” la utiliza el profesor Guy Sorman como conjunto de reglas que dan estabilidad a las relaciones económicas de los países desarrollados en los que se puede comerciar e invertir sin miedo a ser expoliado o sin saber a qué atenerse. Ejemplos: estabilidad de las instituciones de Suecia o las de Somalia.
EE.UU. es un Estado Federal consolidado desde hace siglos y España no. Somos una nación mediana y se encima nos dividimos y encarecemos los servicios públicos prestados ¿Dónde vamos? Los agentes económicos evalúan costes y ven, por ejemplo, que Polonia es más estable que España.
El sistema educativo estadounidense (sobre todo el universitario)es el que lidera el mercado de las ideas en el mundo actual (Centros de investigación y Universidades que reclutan a lo mejor del mundo), el mercado de patentes registradas y el número de premios Nobel, por poner algún ejemplo.

3.- David
Querido Lorenzo Alonso,
No te parece que después del colapso financiero mundial provocado por la separación entre mercado y Estado llevado a cabo por la Reserva Federal americana, es un poco artificial situar a los EEUU tan arriba como si tuvieran reglas claras para el buen funcionamiento del mercado?
 

4.-Axturcón
Muchas gracias a ti, Lorenzo:
Del contenido del artículo se desprende la intención de Guy Sorman; lo único que pretendía resaltar eran los ejemplos de EE.UU y de Suiza, por sus aparentes semejanzas con España: Estados no centralistas (no creo de interés averiguar, para este artículo, si somos o no federales, confederales, autonomistas, descentralizados política y/o administrativamente, etc.). Los problemas del sistema autonómico español están ahí: mala configuración geográfica. CC. AA. creadas de la nada, sin base histórica alguna, fruto del miedo o del desprecio de provincias limítrofes, sistema de distribución de recursos ineficiente, consolidación de mini oligarquías: en Asturias, a los Consejeros los denominamos “ministrinos”.
Las fuerzas centrípetas no contrarrestan a las centrífugas, pues el pastel es demasiado goloso; sobre manera cuando es uno el chef y 17 son a la vez pinches y gastrónomos. Sólo basta recordar la famosa cláusula Camps -modelo de patriota español del PP- del Estatuto de Autonomía de la Comunidad/país valenciana /valençiá.

5.-PedroMG
Estupendo artículo Lorenzo.
La seguridad jurídica es condición indispensable para el funcionamiento del mercado, y la existencia de instituciones políticas sólidas, el medio de asegurar la competencia en igualdad de condiciones.
David, creo que al hablar de separación entre mercado y estado te referirás a que lo que hizo la reserva federal fue una indeseada separación entre moneda y mercado por acción estatal y voluntarismo político, ya que si a lo que te refieres es a un ideal de concentración del estado y el mercado en una sola mano, nos precipitaríamos irremisiblemente hacia el totalitarismo.
Abrazos

6.- Antonio García-Trevijano
Enhorabuena por tu excelente y veraz artículo

7.-lajos
Este tipo de argumentación con base empírica, mejor que la directamente ideológica que conoce la conclusión antes de comenzar, es muy adecuada para descomponer el armazón de creencias fatuas dominantes. Me resulta un poco sorprendente esta aproximación metodológica por parte del Banco Mundial. ¿o sólo es un prejuicio por parte mía?

8.- David
Querido Pedro,
Lo que hizo la Reserva Federal libertaria fue dotar de inmunidad, de emancipación legal, al sistema financiero para que creciera en la opacidad, incluso permitiendo el fraude, porque el mercado mismo se encargaría de llevarlo al equilibrio mediante la ley de la oferta y la demanda. Me refiero a que en contra de Mises, la seguridad jurídica era superada por la ley del mercado, según Alan Greenspan, quien por cierto, declaro ante el congreso de los EE.UU que su ideología estaba equivocada, en un acto de arrepentimiento ante el miedo a ser declarado responsable por el colapso financiero. la intervención monetaria de la Reserva Federal ha sido solo un pequeño ingrediente en la salsa libertaria de la emancipación del mercado.

9.-PedroMG
Claro David, sin ley de la Libertad, que decía Hayek, no hay mercado sino patente de corso para el latrocinio, que el lugar de remediarse con la aplicación de la ley común se ampara en la impunidad y el privilegio estatal.
Un abrazo.

10.- Lorenzo _ Alonso
David: la intención del artículo era mostrar que nuestros dirigentes están en “lo suyo”, dar una pincelada sobre la economía del conocimiento y haceros ver que estamos siendo observados por los inversores que evalúan el sobrecoste de nuestro actual país y su nivel de preparación (Opel, Renault, etc.).
Tú, que eres un hombre de ciencia, comprenderás que cualquier estudio que utiliza estadísticas es “falsable”: el PIB de cada país elaborado por FMI, el índice de desarrollo elaborado por la ONU, la tasa de paro del Eurostat, etc. ¿Si EE.UU. es puesto en entredicho, qué habría que hacer con decenas de naciones autoritarias, de Estados “fallidos”, de señores feudales o de la guerra?
Pedro M. González: tu frase “La seguridad jurídica es condición indispensable para el funcionamiento del mercado, y la existencia de instituciones políticas sólidas, el medio de asegurar la competencia en igualdad de condiciones…” lo dice todo.
Lajos: este tipo de razonamiento no es exclusivo de esa institución, es el método “falsable” de la economía política, susceptible de prueba en contrario. Las ideologías y las religiones son irrefutables porque no admiten críticas.

11.- Víctor
Magnífico y esclarecedor artículo. Enhorabuena. ¿Ya no escribe D. Antonio en el Diario?

12.- David
Querido Lorenzo Alonso,
Pienso que si EE.UU. esta ahí arriba no es tanto por las reglas claras en sus mercados, sobre todo financieros, sino porque las reglas concernientes a la intromisión estatal están muy claras, el capital esta muy protegido frente a los abusos estatales y se siente libre. Pero sobretodo, como dice axturcon, es un país cuya clase política puede extraer la verdad de los problemas económicos debido a que es representativa de la sociedad civil y tan pronto puede llamar a Greenspan a declarar en el congreso, como puede reclamar las listas de evasores de impuestos al UBS, aun en contra del secreto bancario suizo y el gran capital. Se puede considerar una intromisión estatal en los mercados globales financieros cuando lo que se persigue es un delito sin afán de derogar el secreto bancario?

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(ver nº 125 del Diario español República Constitucional, http://www.diariorc.com)

Escenarios 2010

Escenario económico. Los Presupuestos Generales del Estado para 2010 (PGE-10) es un documento que cuantifica los instrumentos de política económica que el Parlamento pone en manos del Gobierno para que intervenga en el sistema económico. Para su elaboración tienen en cuenta el entorno económico nacional e internacional (la evolución del PIB y del consumo, de los precios y de los tipos de interés, de la balanza de pagos y del paro, de la Deuda Pública y de los sectores productivos) en el que actuarán los agentes económicos, públicos y privados. ¿A quién haremos caso, a su “cuadro macroeconómico” o a los pronósticos realizados por otras instituciones? Todo es ciencia ficción y la reciente historia nos demuestra que sus proyecciones solo son ungüento de serpiente.

Escenario institucional. El actual Estado, como se ha dicho muchas veces, ya no tiene el mismo poder de influencia en la sociedad española que hace unos cuantos años, ya que ha cedido competencias muy importantes a la Unión Europea y, año tras año, a las Comunidades Autónomas. En 2010 el conjunto del Estado pretende gastar 386.361 M€ (el 38% del PIB previsto) a través de

• la Administración General del Estado (53% del pastel),
• sus Organismos Autónomos (15%),
• la Seguridad Social (31%) y
• otros Entes y Agencias Estatales (1%).

Para hacer frente a estos gastos sueñan con ingresar 274.424 M€ (en cuotas sociales y tributos), así que tendrán que pedir prestado la escalofriante cifra de 111.937 M€ (el 11% del PIB), de los que 36.704 M€ serán destinados a amortizar deudas anteriores.

En este escenario, la incidencia directa de la Administración General del Estado (236.404 M€) en la economía es pequeña, pues el 80% de su Presupuesto lo dedica a financiar compromisos adquiridos y a ejercer de agencia de recaudación de impuestos y de endeudamiento para que los demás gasten y dilapiden:

1. intereses y amortización de deudas (25%);
2. transferencias a las Comunidades Autónomas, a las Entidades Locales y a la Unión Europea (33%);
3. cofinanciación de la Seguridad Social, Organismos y Entes Estatales y diversas aportaciones patrimoniales y financieras (22%).

Nuestro Estado no es más que un gigante con pies de barro, son las Comunidades Autónomas y las Entidades locales quienes verdaderamente gastan.

Escenario parlamentario. En las enmiendas a la totalidad del proyecto, el grupo que sustenta al Gobierno, al no poseer la mayoría absoluta, se ha visto obligado a pactar con grupos que han aprovechado esta debilidad para sacar otra tajada de lo poco que resta del Estado: el Partido Nacionalista Vasco (pide dar rango de ley a ciertos reglamentos provinciales y evitar su impugnación en los Tribunales ordinarios, conocido como blindaje del concierto económico) y Coalición Canaria (reclama las inversiones insulares prometidas por el jefe del Gobierno). Se pactan los votos antes de emitirlos, convirtiendo al pleno del Congreso de los Diputados en un puro teatro que sirve para escenificar el consenso y sobre todo para que los ciudadanos crean que este régimen político es una democracia.

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(ver nº 123 del Diario español República Constitucional en www.diariorc.com)

Corresponsabilidad fiscal

Actualmente el Congreso de los Diputados está tramitando la modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el proyecto de ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía como colofón al acuerdo de financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio. Dos piezas más del gran puzzle montado con la nación española para dar satisfacción a los oligarcas locales, ansiosos de participar en el pastel fiscal del Estado, con la escusa de acercar la Administración a los ciudadanos. Muchos predicadores de la descentralización vocean desde sus púlpitos las bondades de esta cercanía, pero callan el exceso de burocracias creadas que han encarecido la prestación de los servicios públicos, que antes ofrecía el Estado.

Algunos de los principios más propalados de este modelo han sido el aumento de la autonomía financiera y la consiguiente corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. Desde el comienzo de esta locura descentralizadora, el Estado les fue cediendo el 100% de la gestión recaudatoria de varios impuestos (Patrimonio; Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y tasas sobre servicios transferidos), creó otros nuevos tributos (determinados medios de transporte, electricidad, venta minorista de algunos hidrocarburos y tasas sobre el juego) hasta llegar a la actual cesión 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. A pesar de tener facultad para modificar los tipos impositivos, la realidad es que su recaudación sirve para calcular el Fondo de Garantía de Servicios Mínimos Fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), pues si una región no tiene suficiente con estas cesiones, el Estado pone el resto, soportando el desprestigio de exigir tributos a los ciudadanos, mientras que ellas rentabilizan su utilización.

Este modelo no es más que un producto de ingeniería estadística para respaldar ese acuerdo, bajo un marchamo de “criterios técnicos”, en el que derrochan imaginación, rayana al creacionismo, con una multitud de variables y ponderaciones para participar en dicho Fondo (población total, mayor de 65 años, en edad escolar, protegida, su dispersión o insularidad). A dicho galimatías, añaden un Fondo de Suficiencia Global para financiar las demás competencias transferidas, dos Fondos de Convergencia autonómica (uno de Competitividad para reducir las diferencias de financiación “per cápita” y de paso penalizar a aquellas regiones que bajen sus impuestos, y otro de Cooperación para compensar a aquellas regiones con menor riqueza relativa o una dinámica poblacional negativa) y un conjunto de recursos adicionales (los famosos 11.000 millones de euros) repartidos de forma discrecional.

En definitiva, este modelo no garantiza recursos financieros para tantos gastos, ni crea figuras tributarias regionales que los ciudadanos distingan nítidamente, ni define de forma clara el servicio público fundamental, sus costes directos e indirectos comparados con otras formas de gestión.

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Ver una versión en el nº 121 del Diario español República Constitucional en www.diariorc.com

El blindaje vasco

El partido político que mantiene al Gobierno actual ha tenido la necesidad de apoyos para evitar la devolución de los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Uno de ellos ha sido el proporcionado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Este apoyo ha sido considerado como  una demostración del “sentido de Estado” de este grupo (Vicepresidenta primera del Gobierno) y como un síntoma de la esquizofrenia política que padece esta formación política (varios comentaristas), ya que en el País Vasco es la oposición a un Gobierno socialista apoyado por los populares y aquí, en el plano nacional, apoya a los socialistas para que saquen adelante sus presupuestos.

Pero la esencia política de tal apoyo está en otro lado. El PNV pide dar rango de ley a las normas forales (simples reglamentos locales) dictadas por las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya para desarrollar el concierto económico del Estado con el País Vasco (regulación de cada uno de los tributos estatales, de las haciendas locales, etc.) al igual que hace la Comunidad Foral de Navarra. En la actualidad estas normas provinciales, de rango inferior a las leyes, pueden ser impugnadas por cualquier grupo social que se sienta perjudicado por ellas ante los Tribunales ordinarios. De conseguir dicho propósito, lograrían eliminar los recursos normales ante dichos tribunales, haciendo que solamente se pudiesen recurrir ante el Tribunal Constitucional y así blindar el concierto económico.

Con todo ello el PNV consigue un protagonismo político de primer orden, del que carecía desde su reciente derrota electoral: hace suyo lo que ya habían debatido en el Parlamento vasco los dos grupos hegemónicos (socialistas y populares), anima a su gente a confiar en ellos como genuinos garantes de las esencias de las “leyes viejas” y proporciona a las Diputaciones Forales unos ingresos adicionales inmensos (la subida del IVA, la eliminación de las exenciones del IRPF, etc.) sin tener que subir los tipos (este trabajo lo hará el Estado, ellas realizarán los ingresos).

Además garantiza un inmenso poder político para las Diputaciones Forales (el PNV gobierna actualmente en las tres) y coloca una carga de profundidad al actual Gobierno Vasco dando carta de naturaleza a unas Instituciones que aprobarán normas con la misma categoría legal que la misma Comunidad Autónoma. Otro peldaño hacia el abismo cantonalista que unos pocos avispados nos obligan a bajar para pactar con el diablo.

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Editorial del Nº 119 del Diario español República Constitucional, Hemeroteca

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Velos fiscales

La utilización de los presupuestos como un potente instrumento de política económica se ha convertido en el paradigma de los Gobiernos actuales y acapara el debate político durante una buena parte del año. Los problemas que tiene la sociedad civil en su discurrir cotidiano son tomados por los gestores públicos, a las órdenes de la clase política, como simples expedientes administrativos que proporcionarán su solución, cuando en realidad estas “políticas públicas” son velos adornados con encajes tecnológicos de moda que impiden la visión de la realidad política.

Cada una de las actuaciones tributarias de las que hacen gala son velos fiscales que tapan los medios utilizados por el grupo dominante para perpetuarse en el poder. Proclamaron reducciones del IRPF (400 euros) para que los contribuyentes pudiesen afrontar sus cargas hipotecarias o para premiar la natalidad (ayuda de 2500 euros por nacimiento) y de paso animar el consumo nacional; debajo estaban las razones electorales que impulsaron esas medidas. Ahora anuncian un encaje de bolillos para eliminarlas a partir de un determinado nivel de renta, argumentando que con ellas se estaban beneficiando los contribuyentes de rentas altas, los números rojos de la tesorería son la verdadera razón del cambio. Eliminaron el Impuesto del Patrimonio, cedido a las Comunidades Autónomas, argumentando que actualmente tiene poca capacidad recaudatoria, pero el Estado se vio abocado a eliminarlo para evitar la competencia fiscal entre regiones porque algunas lo habían vaciado de contenido. Perdió la ocasión de reconvertirlo en un tributo exclusivamente estatal como el Impuesto de Sociedades.

Porcentaje de declaraciones y recaudación IRPF 2007 (datos de la AEAT y gráfico propio)

 

A diario vemos variadas representaciones de fantasías fiscales realizadas por la clase política y sus acólitos sobre la equidad del sistema tributario, pero la desnuda realidad los pone en su sitio. La estadística del IRPF de 2007 publicada el día 1 de julio por la Agencia Tributaria del Estado nos detalla, entre otras cosas, que hubo 18.702.875 declaraciones, de las que el 39% tuvieron una base imponible menor de 12.000 euros y el 28% entre 12.000 y 21.000, es decir, el 67% (más de 7 millones de personas) ingresó poco más de 1.000 euros mensuales. Otro 29% se situaron entre 21.000 y 60.000 euros y solo un 4% declaró más de 60.000 euros (de los que el 0.06%, 10.425, tenía una renta superior a 600.000 euros).

Según estos datos estaríamos viviendo en un país empobrecido. ¿Cómo es posible tal “nivel de pobreza” si el INE publicó para dicho año una renta nacional disponible de 18.941 euros por habitante? (Censo interanual estimado para dicho año: 44.874.000 habitantes).

A través de este documento se observa cierta progresividad del impuesto ya que la curva de recaudación (amarilla) se desliza a la derecha con la campana situada en los tramos ocupados por la clase media y media alta, mientras que la mayor parte de las  declaraciones (línea roja) esta situada en los tramos de la clase media baja. El impuesto de la Renta se nutre fundamentalmente de los rendimientos de trabajo (86%), siendo la renta media declarada de 18.400 euros mientras que la de los rendimientos de actividades económicas fue de 10.146 euros.
Es decir el IRPF se está convirtiendo en un impuesto sobre los rendimientos de trabajo, ya que otro muchos rendimientos tienen algún tratamiento especial (algunos rendimientos de capital o los incrementos de patrimonio un 18%).

Es evidente que los que gobiernan no se enteran, se callan o mienten y muchos ciudadanos, aprovechando los resquicios legales, declaran lo mínimamente imprescindible aprovechando actividades económicas, fórmulas tributarias especiales, sociedades (entre ellas las famosas SICAV con el 1% ó las PYMES al 25%) ó lugares fantásticos con baja tributación (paraísos fiscales).

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Techo de Gasto

En la polémica artificial sobre la subida o no de los impuestos, el Gobierno de la Nación parece que está jugando al despiste ya que, por un lado, la ministra de Economía y Hacienda dice que “no tiene en la agenda” ninguna previsión de subida pero presenta en el Congreso de los Diputados un “techo de gasto” no financiero del Estado para 2010 (182.439 millones €, un 15% superior al inicial de 2009, paro un 4,6% inferior a la previsión de su liquidación) que lleva implícita la subida de impuestos para poder financiarlo. Por otro lado, su Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos declara que no se debe descartar ninguna actualización, a la vista de las telarañas que tiene la Caja estatal. Todas estas declaraciones son tácticas de globos sonda para que los actores de la sociedad política (Partidos, Sindicatos, Grupos de Presión,…) vayan tomando posiciones y a así saber con qué apoyos contará en la próxima tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010.

Elena Salgado, Ministra de Economía y Hacienda (foto Efe)

Los PGE son un conjunto de presupuestos (Estado, Seguridad Social y otros Entes y Organismos) que, en muchos casos, no están incluidos en ese “techo”, suelen sufrir cambios en los diversos trámites de elaboración y una vez aprobados pueden ser modificados de múltiples formas. Además los programas que los integran apenas son discutidos, su utilidad no se pone en entredicho y su coste apenas trasciende. Así que lo aprobado en la Cortes no es más que un pasatiempo numérico para ingenuos.

Todo es un montaje publicitario para tratar de convencer a los ciudadanos de la utilidad económica de la desaparición de muchas deducciones (los famosos 400 euros, el cheque bebé, la compra de vivienda…) y de la solidaridad social en tiempos de crisis, sin explicar la tajada que se llevarán las Comunidades Autónomas o las Entidades Financieras. Buscan que los ciudadanos hagamos castillos en el aire (neuróticos) o deseemos habitar en ellos (psicóticos).

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ver Hemeroteca (n115)del Diario español República Constitucional, nº 115

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